El PLD pide interpelar a Faride Raful y al jefe policial por las 55 muertes de septiembre

El PLD pide interpelar a Faride Raful por las muertes en operativos policiales. El partido opositor solicitó este lunes que la ministra de Interior y Policía y el director de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, comparezcan ante el Congreso a explicar esos fallecimientos.

La propuesta la presentó el vicepresidente del partido, Temístocles Montás, en una rueda de prensa en la Casa Nacional del PLD en Santo Domingo. Allí manifestó su inquietud por la frecuencia de estos casos y por la escasez de información pública sobre las investigaciones abiertas para esclarecerlos.

Qué pide exactamente el PLD

Lo primero es que el Congreso Nacional interpele a la ministra Faride Raful y al mayor general Ernesto Rodríguez García, director de la Policía. «Lo que estamos planteando es la interpelación. Que el Congreso los interpele», expresó Montás, acompañado por el también vicepresidente Iván Lorenzo.

Montás sostuvo que la lucha contra la delincuencia no puede convertirse, dijo, en una práctica de «eliminación física de personas consideradas delincuentes». La frase, pronunciada en rueda de prensa, resume el tono de la denuncia opositora.

Además, el partido le pidió al presidente Luis Abinader emitir una instrucción pública que garantice el respeto al derecho a la vida y prohíba la fuerza letal injustificada contra personas rendidas, detenidas o bajo control policial.

También reclama al Ministerio Público investigaciones independientes, rigurosas y oportunas sobre todas las muertes en intervenciones policiales, y que la Procuraduría publique estadísticas periódicas: cuántos fallecimientos, cuántos expedientes abiertos y cuántos agentes procesados.

La lista sigue con supervisión externa de la Policía, registro audiovisual de los operativos, preservación de pruebas, protección a testigos y familiares, investigación de responsabilidades de mando y encubrimientos, y más profesionalización dentro de la reforma policial.

Las cifras que puso sobre la mesa

Montás citó trabajos publicados en la prensa nacional: solo en septiembre se registraron 55 muertes clasificadas como resultado de actuaciones policiales, una cifra que calificó de alarmante.

Añadió que organismos defensores de los derechos humanos han denunciado más de 180 fallecimientos durante intervenciones de agentes en los primeros meses del año, y cuestionó que la Procuraduría no haya ofrecido estadísticas sobre agentes sometidos ni resultados de procesos.

En ese contexto, recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevó denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que hay señalamientos de personas que habrían muerto después de rendirse o estando bajo control policial.

Según el exministro de Economía, la falta de datos oficiales sobre cuántas investigaciones se abrieron y cuántas concluyeron genera dudas razonables sobre si los mecanismos de control interno están funcionando.

El dirigente aclaró que el PLD no afirma que exista una orden presidencial para ejecutar personas. Dijo que es necesario determinar si se trata de actuaciones individuales, fallas de supervisión o prácticas institucionales toleradas.

Lo que dice la Constitución y lo que sigue ahora

«No estamos ante un asunto exclusivamente policial, estamos frente a una cuestión que compromete principios esenciales», afirmó Montás. Recordó que el artículo 37 de la Constitución declara inviolable el derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte en el país.

Por eso, sostuvo, un sospechoso debe ser detenido y puesto a disposición de la justicia, «nunca ejecutado». También reconoció el derecho de los agentes a defender sus vidas y las de terceros ante amenazas reales e inminentes.

Para el partido, el presidente Abinader, como máxima autoridad, tiene la responsabilidad de garantizar que la política de seguridad se ejecute dentro de los límites legales. «La impunidad reiterada puede convertirse en una forma de autorización del hecho», advirtió.

Ahora la palabra la tiene el Congreso Nacional: deberá decidir si convoca a Faride Raful y al director de la Policía a comparecer y rendir cuentas. La discusión entre la mano dura contra la delincuencia y el respeto a los derechos fundamentales vuelve a marcar la agenda pública del país.

Y para miles de dominicanos, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: cómo perseguir el crimen sin cruzar la línea que protege la vida de todos.

Fuentes

Diario Libre: Interpelación a Faride Raful por muertes en operativos policiales

Listín Diario: El PLD pide interpelar a Faride Raful y al director de la Policía