La fábrica china cerrada en República Dominicana fue tema este lunes en Washington: Estados Unidos felicitó a las autoridades dominicanas por clausurar la planta de cartón Cartesa, en San Antonio de Guerra, que operaba sin permisos, con un depósito clandestino de combustible y extranjeros contratados fuera de la ley.
El mensaje llegó de Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien publicó en la red social X que una verdadera alianza económica exige transparencia, competencia justa y respeto al Estado de derecho. Su publicación, reproducida por la embajada estadounidense, llega días después de que esa misma embajada advirtiera a sus ciudadanos sobre robos y agresiones en el país, una alerta que el PLD pidió explicar al Gobierno.

Qué encontraron las autoridades en la fábrica china cerrada en República Dominicana
La planta señalada es la Fábrica Cartesa, ubicada en la comunidad Pata de Palma, en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo. El operativo que la cerró se realizó el pasado 29 de octubre, con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes al frente, a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías, y con la participación de la Dirección General de Migración y del Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
Durante la inspección, las autoridades comprobaron que la empresa no tenía certificado de uso de suelo ni las autorizaciones necesarias para sus actividades comerciales. El complejo estaba formado por tres naves industriales y un edificio de cuatro niveles destinado a oficinas y residencias, todo levantado sin los permisos que exige la ley.
El hallazgo más grave estaba en el patio: un depósito de combustible que funcionaba sin cumplir las regulaciones de la Ley 112-00 de Hidrocarburos. Los agentes ocuparon un tanque con capacidad para almacenar 5,000 litros y retuvieron 1,000 galones de gasoil. El valor conjunto de lo incautado se estimó en 2.25 millones de pesos.
El Ministerio de Vivienda dispuso la paralización de las obras por violaciones a la Ley 687-82, mientras Migración verificó la situación del personal extranjero contratado. El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, sostuvo entonces que República Dominicana mantiene sus puertas abiertas a la inversión extranjera, siempre que las empresas cumplan las leyes nacionales.
101 negocios inspeccionados y 24 paralizados: la ofensiva no empezó con Cartesa
El cierre de Cartesa no fue un hecho aislado. El pasado 20 de octubre, el Ministerio de Trabajo ordenó paralizar las operaciones de 24 empresas de capital chino en el país, al considerar que representaban un peligro inminente para la seguridad y la integridad de los trabajadores.
En total, Trabajo inspeccionó 101 tiendas y plazas comerciales de capital chino en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Altagracia. Durante esas inspecciones se levantaron 1,016 actas, de las cuales 42 correspondieron a infracciones remitidas a los tribunales.

Entre las violaciones detectadas figuraron incumplimientos del descanso semanal, falta de pago de horas extraordinarias, irregularidades en las bonificaciones y contratación de trabajadores extranjeros fuera de las disposiciones legales. También se encontró que 33 de las empresas inspeccionadas incumplían la regla del Código de Trabajo que exige que al menos el 80 % de los empleados sean dominicanos.
Más recientemente, Pro Consumidor anunció nuevas clausuras de establecimientos comerciales de propietarios chinos por incumplimientos de las normas sanitarias y de protección al consumidor. Las fiscalizaciones tributarias, además, han determinado diferencias millonarias en obligaciones fiscales de comercios de capital chino, aunque esas determinaciones no equivalen necesariamente a impuestos recaudados.
Por qué Washington salió a respaldar el cierre
Juan Pablo Segura asumió como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental el 14 de agosto de 2026, dentro de la administración del presidente Donald Trump. Desde esa posición tiene a su cargo la política estadounidense hacia América Latina y el Caribe, incluidas las relaciones económicas y comerciales.
Su publicación de este lunes destaca la necesidad de que las empresas extranjeras operen bajo condiciones de competencia justa y cumplan las regulaciones de los países donde se establecen. El funcionario advirtió que no debe tolerarse operar sin permisos, mantener un depósito ilícito de combustible ni evadir las leyes laborales mediante la contratación ilegal de trabajadores extranjeros.
La declaración se produce en medio de las reclamaciones de comerciantes dominicanos, que han denunciado presuntas prácticas de competencia desleal de determinados establecimientos de capital chino. En septiembre, el Gobierno dominicano había informado que mantenía bajo supervisión a estas empresas para garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales.

El respaldo de Washington deja claro que el tema ya no es solo local: la forma en que República Dominicana trata a las empresas que operan al margen de la ley se mira también desde fuera. La supervisión continúa, y con ella la presión sobre los negocios que todavía no han puesto sus papeles en regla.

