El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, admitió que aún no hay rastros de los cuatro salvadoreños desaparecidos en Haití desde el 18 de octubre, por lo que el Gobierno no puede determinar si están vivos o muertos.
Ulloa hizo la declaración en una entrevista con la periodista Elena Berberana, difundida en YouTube el domingo y recogida este lunes 9 de noviembre por el diario salvadoreño El Mundo. «No hay rastros de ellos, para poder determinar si están vivos o no», afirmó el vicepresidente.
Los cuatro son técnicos aeronáuticos de la Fuerza Armada de El Salvador que formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la misión internacional respaldada por la ONU, y desaparecieron tras una emboscada de pandillas armadas en la localidad de Santo, en Croix-des-Bouquets, a las afueras de Puerto Príncipe. El presidente Nayib Bukele anunció el 21 de octubre una operación militar para rescatarlos, y desde entonces El Salvador ha desplegado más de 2.000 soldados en territorio haitiano.
La admisión de Ulloa marca un cambio de tono frente a lo que las autoridades habían sostenido en los primeros días, cuando operaban bajo el supuesto de que los cuatro seguían con vida. Ahora, 22 días después de la emboscada, el vicepresidente reconoce que no hay indicios que permitan establecer su suerte.
«Es el dinero del pueblo salvadoreño»
En la misma entrevista, Ulloa aseguró que la operación de rescate se financia con el presupuesto de El Salvador. «Nadie nos ha dado dinero para desplazar esa fuerza, es el dinero del pueblo salvadoreño que lo estamos usando para rescatar a los soldados salvadoreños», dijo.
El vicepresidente comparó ese gasto con el de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), creada en 2004, que según recordó llegó a contar con unos 10.000 efectivos de varios países y un presupuesto inicial de 500 millones de dólares. El Gobierno salvadoreño no ha detallado cuánto cuesta la misión actual.
La afirmación coincide con lo que el propio Bukele dijo el 29 de octubre en la red social X, cuando aseguró que El Salvador cubre el 90 % de los gastos de la operación. «Somos casi los únicos que estamos pagando por esta operación. Aunque recibimos un poco de ayuda logística de manos de algunos otros países, es con nuestro propio pequeño presupuesto que estamos cubriendo el 90 % de los gastos», escribió entonces el mandatario, quien también ha repetido que la misión «cuesta caro».

«No es una fuerza de ocupación»
Ulloa reiteró además que el contingente salvadoreño en Haití «no es una fuerza de ocupación ni una decisión unilateral», sino un «acuerdo bilateral con el gobierno de Haití y con la Policía Nacional de Haití». Es la misma línea que defendió el jueves pasado en la Cumbre Iberoamericana de Madrid, donde insistió en que la presencia militar salvadoreña opera bajo un marco legítimo acordado con las autoridades haitianas.
Una ley de 12 meses ampara el despliegue
El Mundo recordó en su nota el marco legal del despliegue: la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva ley de participación de la Fuerza Armada en la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití, vigente desde el 2 de octubre y con una duración de 12 meses.
La norma faculta al contingente salvadoreño a contar con aeronaves de ala rotativa, personal civil y militar, y a apoyar las tareas de la GSF «ya sea desde la República de Haití o desde la República Dominicana». También obliga a su personal a respetar las leyes y las costumbres locales.
La ley sustituyó al decreto 181, aprobado el 20 de diciembre de 2024, que facultaba a la Fuerza Armada a participar en la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) en Haití, coordinada por el Gobierno de Kenia y vigente hasta el 2 de octubre de 2025.
La mayoría de las tropas, fuera del mandato de la ONU
La ONU ya había aclarado el 2 de noviembre, por boca de su portavoz Stéphane Dujarric, que la gran mayoría del despliegue salvadoreño adicional no está bajo la GSF y queda fuera del alcance del mandato y de los informes de la Oficina de Apoyo de la ONU en Haití. Solo unos 200 efectivos salvadoreños formaban parte de la GSF antes de la emboscada.

22 días sin noticias de los cuatro técnicos
La búsqueda de los cuatro aerotécnicos sigue sin resultados. El 2 de noviembre, la Policía Nacional de Haití recuperó calcinado, en Santo, el vehículo en el que viajaban cuando fueron atacados, pero no halló rastro de sus ocupantes.
El 25 de octubre, la GSF recibió, a través de una organización humanitaria, unos restos que se sospecha pertenecen a los cuatro desaparecidos, pero aclaró que no estaba en condiciones de confirmarlo. Bukele desmintió ese mismo fin de semana que los restos fueran los de sus hombres.
La operación continuó este fin de semana: en la madrugada del domingo 8 de noviembre, una unidad especial de la Policía haitiana, con apoyo de soldados salvadoreños, destruyó en Puerto Príncipe una vivienda utilizada por Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, líder de la banda 400 Mawozo. Joseph no estaba en la casa y, según el Miami Herald, hasta 20 hombres armados habrían muerto en el operativo, una cifra sin confirmación oficial.
El tráfico de armas hacia las pandillas haitianas, documentado por la ONU, sigue siendo uno de los factores que alimenta la violencia que las fuerzas internacionales intentan contener en Puerto Príncipe y sus alrededores.
Mientras tanto, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, viajará a El Salvador el 16 y 17 de noviembre para participar en una conferencia internacional y abordar el futuro de las tropas salvadoreñas en Haití. Al cierre de esta nota, sigue sin confirmación oficial de la identidad de los restos recibidos el 25 de octubre ni del paradero de los cuatro técnicos.

