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sábado, 21 de noviembre
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Presunto plan de atentado contra Abinader: 10 investigados y una audiencia clave el 10 de noviembre

Diez personas son investigadas por un presunto plan contra el presidente Luis Abinader. La audiencia de coerción será el martes 10 de noviembre.

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Luis Abinader, presidente de República Dominicana, objetivo del presunto atentado contra Abinader

La Justicia dominicana investiga a 10 personas por un presunto atentado contra Abinader previsto para el 6 de noviembre, durante los actos del Día de la Constitución en el Congreso Nacional. El martes 10 de noviembre se conocerá la medida de coerción contra el imputado.

El principal señalado es Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, detenido el pasado 3 de noviembre en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, por su presunta participación en un plan contra el presidente Luis Abinader. El Ministerio Público pidió tres meses de prisión preventiva en su contra, mientras su defensa asegura que necesita más tiempo para estudiar las pruebas y preparar sus argumentos.

Delvinson de la Cruz Sosa, principal imputado del presunto atentado contra Abinader, escoltado por agentes

Qué dice el expediente sobre el presunto atentado contra Abinader

El expediente, de 57 páginas, atribuye a los investigados funciones distintas dentro de una supuesta estructura: convocar reuniones, repartir tareas, reclutar personas y promover movilizaciones de protesta. Todo, según la documentación de la Fiscalía, se coordinaba a través de redes sociales y plataformas digitales.

La investigación sostiene que el grupo intercambió mensajes sobre la preparación de artefactos explosivos, la recopilación de información sobre los desplazamientos del presidente y una posible ruta de salida después de las detonaciones. El informe policial señala además que De la Cruz Sosa habría creado y administrado un grupo de Telegram llamado «Trinitarios Élite» para coordinar el supuesto plan.

Los otros nueve señalados son Leomar Antonio Brens Moya, Michael García, Sucette Franshelle Miqui Salcedo, Sobeida María Baldera Peña, Robinzon Montero Montero, Miguel Odanis Peralta Susana, Ismael Amadis Torres, Ramón Antonio Olaverría Rosario e Isaac Rafael Encarnación. A Encarnación, conocido como «la Fórmula», se le atribuye convocar reuniones y asignar tareas, mientras que a Baldera Peña se le vincula con la administración de un grupo de WhatsApp desde el que se difundían convocatorias a protestas. Brens Moya se entregó de forma voluntaria la noche del 5 de noviembre.

Cómo se destapó el caso y qué se encontró en los allanamientos

La Dirección Nacional de Inteligencia realizó las labores que derivaron en la orden de allanamiento contra De la Cruz Sosa, autorizada por la jueza Josefina Noemí Díaz Marte. El operativo se hizo en un apartamento del segundo nivel de una vivienda de la calle Joaquín Balaguer, en el sector Vista del Valle de San Francisco de Macorís, y también en una ferretería donde trabaja el imputado.

Durante los allanamientos las autoridades incautaron equipos electrónicos y sustancias químicas que quedaron bajo evaluación. Hasta ahora no se ha informado públicamente de una conclusión sobre esos objetos, y forman parte de los elementos que la Fiscalía deberá sustentar ante el tribunal.

Al ser trasladado al Palacio de Justicia, De la Cruz Sosa negó los hechos. «Yo no tengo nada que ver», declaró ante los medios. Su padre, César de la Cruz Molina, salió en su defensa y aseguró que su hijo trabaja en construcción y electricidad junto a él.

Palacio del Congreso Nacional, donde se preveía el presunto atentado contra Abinader

La audiencia del 10 de noviembre y las penas en juego

La audiencia de medida de coerción quedó fijada para el martes 10 de noviembre a las 4:00 de la tarde, en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís. La defensa, encabezada por el abogado Jerso Liranzo, pidió la prórroga porque al momento de la primera vista no contaba con el texto íntegro de la solicitud del Ministerio Público.

La Fiscalía encuadra los hechos en la calificación de terrorismo y pide tres meses de prisión preventiva para asegurar la comparecencia del imputado durante la investigación. El tribunal deberá decidir si acoge esa petición o impone otra medida.

La Ley 74-25, que instauró el nuevo Código Penal, contempla distintos escenarios. El artículo 154 fija de uno a dos años de prisión menor y multas de tres a seis salarios mínimos del sector público para las amenazas de muerte. Si se acredita un complot, el artículo 382 prevé de 10 a 20 años de prisión mayor y multas de entre 20 y 30 salarios mínimos.

El escenario más grave aparece en el artículo 92, numeral 8: de 30 a 40 años de prisión mayor por homicidio agravado cuando la víctima es el presidente o el vicepresidente en ejercicio de sus funciones. Y el artículo 14 advierte que una tentativa de infracción muy grave puede recibir la misma sanción que el delito consumado si hubo un inicio de ejecución.

Bandera de República Dominicana, país donde se investiga el presunto atentado contra Abinader

Por ahora, todo lo que se conoce del caso proviene del expediente y de las diligencias de la Fiscalía: no hay una decisión judicial sobre la culpabilidad de nadie. Los diez señalados conservan la presunción de inocencia, y la audiencia del martes será el primer momento en que la defensa responda punto por punto a los elementos presentados. Mientras el proceso avanza, el presidente retomó este domingo su agenda oficial con entregas de títulos de propiedad y la inauguración de obras en tres provincias. La investigación sigue abierta, y en los próximos días se sabrá si el tribunal envía a prisión preventiva al principal imputado o si el caso toma otro rumbo.

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Foto de perfil de José Manuel Tavárez, autor especialista en Noticias en TuInfoWeb.us
Escrito por José Manuel Tavárez

Reportero de noticias. Cubre la actualidad de República Dominicana y el mundo: lo importante, verificado y al momento.