Las chatarras peligrosas en República Dominicana ya tienen fecha tentativa de salida: el 70% de los vehículos del transporte público rueda sin las condiciones mínimas de seguridad, y la revisión técnica vehicular que los sacaría de circulación podría arrancar en el primer semestre de 2027.
El dato lo puso sobre la mesa Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA), al valorar el anuncio del director del Intrant, Juan Manuel Méndez García. La advertencia llega con una cifra que pesa: el Gobierno dispone de más de RD$60,000 millones recaudados desde 2012 con los impuestos a los combustibles, destinados a cambiar las flotillas viejas por vehículos nuevos.

La revisión técnica vehicular llegaría en el primer semestre de 2027
La Inspección Técnica Vehicular (ITV) es la revisión obligatoria que deben pasar todos los vehículos para demostrar que frenan, alumbran y contaminan dentro de lo permitido. Si un vehículo no califica, no podrá circular. Así lo establece la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
El anuncio oficial apunta al primer semestre de 2027, aunque un gremio del transporte habla del primer trimestre. La fecha exacta todavía no está cerrada, y eso es parte del problema: no se han dado a conocer las empresas ni los talleres que harían las inspecciones.
La ley es clara con las consecuencias: el vehículo que pierda las condiciones mínimas de seguridad debe retirarse de circulación hasta corregir las fallas, pierde el marbete de inspección técnica y su conductor se expone a una multa de un salario mínimo del sector público centralizado, además de la reducción de puntos en la licencia.
El país lleva más de dos décadas sin inspección técnica anual: el reglamento se publicó en 2019, la primera licitación se declaró desierta en 2020 y el programa se declaró de interés público en 2022. Hoy lo encabeza el Consorcio Inteve, con un contrato de más de 15 años, y en octubre de 2025 se anunció una inversión privada inicial de 88 millones de dólares para construir estaciones en el país.
Chatarras peligrosas en República Dominicana: las cifras que asustan
La flota dominicana es una de las más viejas de la región: según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a diciembre de 2024 había 6,194,052 unidades registradas, al menos el 62% con más de una década de circulación y unas 1,631,006 del año 2000 o antes, con más de 25 años rodando.
Los vehículos con más de 10 años de uso pueden ser hasta 20 veces más contaminantes que los modelos recientes. Un simulacro de inspección de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) dejó un balance preocupante: el 70% de las unidades revisadas estaba en condiciones muy deficientes, el 20% en estado regular y apenas el 10% en condiciones óptimas.

El problema no es solo mecánico. Miles de vehículos abandonados quedan tirados en calles, solares y estaciones de servicio, donde crían mosquitos, ratas y cucarachas, y sus espacios oscuros se usan para cometer delitos. El Plan Cero Chatarra, iniciativa privada de la CNTU, ya eliminó más de 856 unidades en su primer año: destruir un carro promedio cuesta unos RD$65,000 y la organización ofrece un bono de RD$50,000 canjeable en concesionarios asociados.
Qué pasará con los choferes y con los RD$60,000 millones
Marte sostuvo que el único culpable de que las chatarras sigan en las calles es el Gobierno, porque el dinero para renovarlas está ahí desde 2012. Como ejemplo, señaló que los autobuses de los corredores de la Winston Churchill y la Núñez de Cáceres se compraron con préstamos de esos recursos, ya saldados.
CONATRA asegura tener 32 talleres en las 32 provincias y haber sometido los permisos para habilitarlos como centros de inspección, sin respuesta hasta ahora. Marte advirtió que no es cualquier taller el que califica, porque hacen falta equipos altamente calificados, y resumió la desconfianza del sector con una frase: si lo que se quiere es un disparate para colocar revista y recaudar dinero, son otras quinientas.
Entre los choferes las opiniones se dividen. Jorge, dueño de una yipeta, cree que con la revisión el Gobierno solo busca recaudar y no sacar las chatarras de circulación. Manuel Mejía, de la ruta Herrera–Los Farallones, está de acuerdo con la revisión, pero cree que no existe voluntad política para hacerla de verdad.
Los transportistas piden diálogo y facilidades, no solo multas
La Federación Nacional de Transporte Amigos de Peña Gómez (FENATRAPEGO) tampoco se opone a la revisión, pero pide que antes se instale una mesa de diálogo entre el Gobierno y el sector. Su presidente, Eddy Francisco Sánchez, planteó aplicar la Ley 253-12: dos pesos por cada galón de gasolina para cambiar las flotillas deterioradas.
El gremio estima que la flotilla vieja representa alrededor del 35% del parque vehicular y advierte que la renovación no puede depender solo de exigencias y sanciones: hacen falta políticas públicas, facilidades económicas, incentivos y financiamiento para que los transportistas compren unidades modernas.

Si la inspección arranca como está anunciada, será el cambio más grande en la seguridad vial dominicana en más de veinte años. Queda por ver el calendario oficial, qué talleres harán las revisiones y cómo se financiará el cambio de las unidades que no pasen. Mientras tanto, las chatarras peligrosas en República Dominicana siguen ahí: siete de cada diez vehículos del transporte ruedan hoy sin las condiciones para estar en la calle.

